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Los locales productores de niveles altamente sonoros como discotecas, pubs, karaokes o salas de fiestas de Elche, deberán presentar una auditoría acústica en el momento de la apertura, así como cada cinco años, con el fin de garantizar que no sobrepasan los niveles de ruido. Así lo recoge la nueva ordenanza de contaminación acústica por ruidos y vibraciones de Elche que se aprobó en el pleno de ayer, con el voto en contra del grupo municipal socialista.
El edil de Empresa y Empleo explicó que la norma no tiene carácter retroactivo, por lo que inicialmente únicamente se exigirá a los locales que abran a partir de ahora, aunque pasados cinco años se comenzará a pedir a todos los establecimientos, dentro de la ronda de revisiones periódicas. Las auditorias acústicas tendrán que estar en manos de empresas autorizadas o la Universidad Miguel Hernández, según precisó.
Los establecimientos de ocio deberán disponer de limitadores sonoros en los equipos de música. El responsable municipal de Empresa y Empleo concretó que «tendrán que ser aparatos homologados que limiten el sonido hasta los decibelios permitidos, y que lo registrarán ante las posibles inspecciones que se puedan llevar a cabo».
Además, estos locales deberán tener un responsable en la puerta con el objetivo de que evite la acumulación de gente en la calle y, por tanto, que garantice que no se producen molestias a los vecinos. «Muchas veces el ruido no viene de una mala insonorización, sino de la calle y, por eso, esta medida puede contribuir a evitar estos problemas», detalló el concejal.
Por otro lado, el mapa acústico, que ya se ha comenzado a elaborar y que se revisará cada cinco años, podrá determinar las zonas acusticamente saturadas en las que, con carácter preventivo, se podrá decretar que no se abran nuevos establecimientos productores de niveles altamente sonoros o la necesidad de garantizar una distancia mínima entre locales, aunque estas medidas se acordarán dentro de un plan de acción que tendrá que pasar por el pleno.
Estas medidas se unen al Observatorio del Ruido y a la Oficina de Prevención de la Contaminación Acústica, o al cobro de las sonometrías a cargo del denunciante si es negativa o del denunciado si es positiva, que también recoge la ordenanza, y que, como resaltó el concejal, «pretenden conciliar el ocio y el derecho al descanso de los vecinos». En el pleno, el concejal argumentó que la anterior ordenanza, de 1998, ya había quedado «desfasada».
Fuente: Diarioinformacion.com
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